El Registro Nacional Agropecuario (RENAGRO), financiado con recursos de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), entra en su fase final de preparación para iniciar el levantamiento de información del sector agropecuario. Esta iniciativa de alcance nacional permitirá conocer con precisión qué se produce, cómo, con qué recursos y en qué territorios trabajan las productoras y los productores del Ecuador rural.
El proyecto se estructura en tres componentes estratégicos: el levantamiento y la difusión de información agropecuaria; la actualización permanente de datos, que incluye el mapa nacional de cobertura y uso del suelo; y la repotenciación tecnológica de los sistemas destinados al procesamiento y almacenamiento de la información.
Para la ejecución del RENAGRO se contrataron 3.000 personas, entre coordinadores, supervisores, técnicos y socializadores, quienes desde mediados de febrero de 2026 recorrerán el país durante cinco meses para recopilar información directamente en territorio.
Durante 2025 se llevó a cabo la recepción y verificación de perfiles, así como un proceso de capacitación para quienes cumplieron los requisitos. En estas jornadas se abordaron temas como los procedimientos de campo, el uso correcto de las boletas y la metodología que se aplicará durante el levantamiento de información. Los participantes mejor calificados formarán parte del equipo operativo del registro.
Con una inversión aproximada de 30 millones de dólares, RENAGRO contribuirá a consolidar un agro moderno, planificado y orientado al desarrollo sostenible. El lanzamiento oficial del proyecto está previsto para enero de 2026.
Durante la administración del ministro de Agricultura, Xavier Lazo, en el año 2020 ya se ejecutó un plan piloto del Registro Nacional Agropecuario en provincias representativas de la Costa, Sierra y Amazonía, lo que permitió validar la metodología de levantamiento de información en distintos contextos productivos y territoriales del país.
Este plan piloto permitió probar los instrumentos de recolección de datos, los flujos de información, los tiempos de levantamiento en campo y los mecanismos de verificación, además de medir el nivel de aceptación y participación de las productoras y productores rurales.
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