En el marco de la Agenda de Acción por el Agua, el Comité de Agricultura (COAG) impulsó el Diálogo Regional sobre la Tenencia del Agua, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este espacio estratégico reunió a gobiernos, organismos internacionales, organizaciones comunitarias, sociedad civil, academia, sector privado y plataformas regionales para construir, de manera participativa, aportes hacia principios de gobernanza responsable de la tenencia del agua.
Ecuador estuvo representado por Dafne Serrano, subsecretario de Riego Parcelario y Tecnificado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP). El diálogo reconoció la diversidad territorial, sectorial y cultural de América Latina y el Caribe, así como la complejidad de los contextos rurales y comunitarios, donde el agua es eje de la producción agrícola, la sostenibilidad ambiental y el bienestar social.
En Ecuador, la tenencia y el acceso al agua —vinculados estrechamente a la tierra— son esenciales para la vida campesina y el ejercicio del derecho humano al agua, especialmente para las mujeres rurales. Una tenencia segura fortalece la soberanía alimentaria, la salud comunitaria y el desarrollo económico local.
Sin embargo, solo el 39 % de la población rural accede a agua segura y apenas el 28,2 % de la superficie nacional cuenta con riego, lo que evidencia la urgencia de una gestión integral y territorial del recurso hídrico. Entre los aportes del MAGP se destacó el proyecto “Aumento de la capacidad de adaptación de comunidades locales, ecosistemas y sistemas hidroeléctricos en la cuenca alta del río Blanco (Toachi–Pilatón)”, orientado a promover una gobernanza intersectorial del agua en un territorio estratégico por su biodiversidad, sus ecosistemas reguladores y su relevancia hidroeléctrica. La iniciativa es liderada por el Ministerio de Ambiente y Energía y el MAGP, financiada por el Fondo de Adaptación y ejecutada por la CAF y la FAO.
Los resultados del Diálogo Regional contribuirán a definir una hoja de ruta política y social que articule justicia hídrica, social y económica, con modelos replicables de adaptación basada en ecosistemas y gobernanza territorial. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca reafirma así su compromiso con una gestión del agua que fortalezca la agricultura familiar campesina, garantice la seguridad alimentaria y promueva un desarrollo rural sostenible en armonía con los ecosistemas del país.
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