La imposición de la tasa de seguridad a las importaciones colombianas ha generado una profunda crisis en la provincia del Carchi, una zona históricamente dependiente del intercambio comercial entre Ecuador y Colombia. Desde la entrada en vigencia de la medida, el 1 de febrero de 2026, el flujo comercial en la frontera se ha reducido drásticamente, afectando a miles de familias vinculadas al transporte, la logística y el comercio.
El incremento progresivo del arancel —del 30 % al 50 % y con previsión de alcanzar el 100 % en mayo— ha frenado casi por completo las operaciones de comercio exterior. Según transportistas locales, la actividad cayó hasta en un 95 %, dejando a conductores, estibadores y trabajadores de bodegas prácticamente sin ingresos.
En ciudades como Tulcán, la falta de carga ha provocado despidos, cierre parcial de empresas y paralización de depósitos. Muchos transportistas han tenido que migrar hacia otras ciudades o a la frontera sur en busca de trabajo, lo que ha generado un impacto directo en la estabilidad familiar, con largas separaciones y, en algunos casos, el traslado completo de hogares.
El golpe económico es severo. Conductores asalariados que antes percibían ingresos estables ahora dependen de viajes ocasionales y mal remunerados. Por su parte, propietarios de camiones —cuyos vehículos representan inversiones superiores a los USD 100.000— han visto caer sus ingresos a niveles mínimos, lo que ha derivado en deudas, pérdida de acceso a créditos y venta de activos a precios reducidos.
La crisis también tiene implicaciones sociales. La falta de empleo ha impulsado el crecimiento del contrabando en pasos irregulares y ha incrementado el riesgo de que personas sean captadas por redes delictivas. A esto se suma la inseguridad en las rutas internas del país, que ha reducido aún más la actividad del transporte debido a robos y asaltos, obligando a limitar los viajes a horarios diurnos.
En conjunto, la combinación de restricciones comerciales e inseguridad ha configurado un escenario crítico para el Carchi, donde la economía fronteriza enfrenta uno de sus momentos más difíciles en décadas.
(Con información de Ecuavisa)