Con un pronunciamiento técnico y jurídico, especialistas de la Universidad Internacional del Ecuador (UID) comparecieron ante la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales y plantearon observaciones clave al Proyecto de Ley Orgánica para la Conservación y Protección de Páramos.
Mayra Guerra, directora académica de la Escuela de Derecho, subrayó que la protección de los páramos no es solo un deber ambiental, sino una obligación constitucional. Recordó que estos ecosistemas, esenciales para el equilibrio ecológico y la provisión de agua, son sujetos de derechos de la naturaleza, lo que implica garantizar su restauración, manejo sostenible y respeto integral frente a cualquier intervención.
En la misma línea, Hernán Acevedo, coordinador de la carrera de Derecho en línea, insistió en reforzar el carácter constitucional de la norma, establecer responsabilidad objetiva por daños ambientales y asegurar la reparación integral ante afectaciones.
Los académicos recomendaron además que la ley abarque todos los páramos del país —dentro y fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas—, diferencie entre ecosistemas intervenidos y no intervenidos, y se articule con el Código Orgánico del Ambiente y la normativa de ordenamiento territorial.
También plantearon la creación de un fondo con fuentes de financiamiento claras, la inclusión de pagos por servicios ambientales y la participación efectiva de pueblos ancestrales y comunidades locales en procesos de cogestión y monitoreo.
Finalmente, enfatizaron la necesidad de un régimen sancionatorio proporcional al daño ambiental, acompañado de incentivos para la conservación y una coordinación efectiva entre las instituciones competentes, para garantizar que la futura ley sea integral, aplicable y coherente con el marco constitucional.
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