El Puente Internacional de Rumichaca, punto comercial estratégico entre Ecuador y Colombia, se encuentra bajo un bloqueo total e indefinido desde el mediodía del lunes 9 de marzo de 2026. Esta medida, protagonizada por transportistas, comerciantes y sectores productivos del departamento de Nariño, responde a una dura “guerra arancelaria” que ha dejado el intercambio binacional en mínimos históricos.
La movilización comenzó con una marcha desde distintos puntos de la ciudad de Ipiales y culminó con la toma del paso fronterizo. Esta acción impide el tránsito de carga pesada y vehículos de pasajeros entre la provincia del Carchi y el territorio colombiano. Según los manifestantes, la situación ha dejado de ser una disputa administrativa para convertirse en una crisis de supervivencia económica.
Las cifras que manejan los gremios fronterizos son alarmantes. Edison Mena, presidente de los camioneros de Ipiales, aseguró que la cadena logística —de la cual dependen miles de familias en ambos lados de la frontera— se ha desplomado casi en su totalidad. “La medida durará mientras todos tengamos fuerza, hasta cuando los gobiernos realmente deroguen los decretos que han afectado la economía tanto de Ipiales como de Tulcán”, afirmó Mena.
El conflicto escaló semanas atrás cuando el gobierno de Daniel Noboa aplicó gravámenes a productos colombianos. Esta decisión fue replicada rápidamente por el gobierno colombiano bajo el principio de reciprocidad. Actualmente, los aranceles para ciertos productos alcanzan el 50%, lo que vuelve inviable el comercio formal y potencia los riesgos de contrabando.
A diferencia de protestas anteriores, este bloqueo tiene un carácter indefinido. Cerca de 500 personas vinculadas al Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera se mantienen apostadas en el puente internacional. Óscar Obando, representante del sector, señaló que la afectación es profunda y que la falta de movilidad es el último recurso para forzar una mesa de negociación entre las cancillerías de ambos países.
La paralización en Rumichaca no solo afecta a los transportistas pesados, quienes ya se encuentran en cese de actividades, sino que amenaza con desabastecer insumos clave y encarecer productos básicos en las zonas circundantes. Ni el Gobierno ecuatoriano ni el colombiano han emitido aún un pronunciamiento oficial que apunte a una tregua comercial mientras el deterioro económico en la zona fronteriza continúa su curso descendente.
FUENTE: EL COMERCIO
