El Pleno de la Asamblea dispuso a la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero que, en el plazo de un mes, fiscalice al ministerio de Agricultura y Ganadería en relación con la política pública sobre el maíz, en particular el cumplimiento del Acuerdo 134, la gestión del precio mínimo de sustentación, la transparencia en procesos de importación y su impacto en la producción nacional.
La decisión se adoptó luego de escuchar a los dirigentes de los agricultores de ciclo corto, Adriano Ubilla; del maíz de Tosagua, Antonio Delgado; y, al coordinador de la Defensa de los Agricultores, José García. Ellos expusieron la situación que atraviesan como consecuencia de la importación de maíz desde Argentina, al margen del Acuerdo Ministerial 134, que pone en riesgo la economía de miles de familias que se dedican a este cultivo. Subrayaron que no se respeta el precio mínimo de sustentación, y, la necesidad de que se establezca solo un año de conformadas las organizaciones para ser parte del Consejo Consultivo del Maíz.
A efectos de la resolución se convocará a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), así como a representantes de asociaciones de productores agrícolas, y demás autoridades que sean del caso, a que comparezcan ante la Comisión de Soberanía Alimentaria, con el fin de rendir cuentas y presentar los informes y documentación pertinente sobre las autorizaciones de importación, el balance alimentario nacional y la política pública vigente en materia de producción maicera.
El debate contó con la intervención de cuatro asambleístas. Inició con el agradecimiento de Ana María Raffo, por escuchar la realidad que vive el agro y, principalmente, el sector maicero, agravada con la importación de maíz, por fuera de la normativa vigente, lo cual perjudica la producción nacional.
Además, hubo voces de solidaridad con la situación que viven los productores y solicitudes para que se fiscalice la importación de maíz, como también se esbozaron preocupaciones por la falta de respuesta de las autoridades del Estado frente a esta problemática.
FUENTE: ASAMBLEA NACIONAL
