La obesidad es un problema de salud pública asociado a la alimentación de las poblaciones que ha aumentado de manera preocupante en los últimos 20 años.
Según estimaciones de la publicación Estado de la Seguridad Alimentaria (SOFI) en el Mundo 2024, la prevalencia de la obesidad en adultos afectó a 881 millones de personas en 2022 y se proyecta que el número escale a 1200 millones de personas para 2030. América Latina y el Caribe no está ajena a este problema. Actualmente 141 millones de personas adultas están afectadas por obesidad, lo que equivale a un alarmante 29,9% de la población. Esto significa un aumento a casi el doble desde el año 2000, cuando la región registraba 15,4% de prevalencia de esta condición.
Junto a ello, la prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años alcanza el 8,6% en la región, también por encima de la estimación global de 5,6%. Las consecuencias de este problema son severas y exceden el ámbito de la salud, por los costos económicos asociados a contrarrestar sus efectos. El Atlas Mundial de la Obesidad de 2023 estimó que la repercusión económica mundial del sobrepeso y la obesidad se situará en 3,3 billones de USD en 2030 y 4,3 billones de USD en 2035. Estas pérdidas económicas se asocian un mayor gasto en atención sanitaria y a una reducción de los ingresos y la productividad vinculadas al absentismo, presentismo (menor productividad en el trabajo) y jubilación o muerte prematuras.
Entre las medidas para la transformación de los sistemas agroalimentarios y el desarrollo de entornos alimentarios saludables en contra de la obesidad se encuentran la promoción de dietas saludables y los programas de alimentación escolar, junto con la protección social y las políticas que mejoran los entornos alimentarios, lo que contribuye a generar mayor acceso a las dietas saludables y promover su consumo.
Adicionalmente, la educación alimentaria y nutricional, integrando la comunicación y las tecnologías, y la incorporación de la nutrición en el plan de estudios y la promoción de entornos escolares activos y huertos escolares, son el camino para concientizar e incidir en cambios en los patrones alimentarios. Esto de la mano con agricultura sostenible y el suministro de alimentos nutritivos, que forman parte de las dietas saludables.
Estos esfuerzos encuentran importante respaldo en medidas como la elaboración de guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios, los marcos jurídicos para el etiquetado frontal nutricional de alimentos envasados y la regulación de la promoción y venta de alimentos altos en calorías y con un elevado contenido de azúcares, grasas y sal en los alrededores de las escuelas.
Ante datos que muestran de forma elocuente el gran desafío que tenemos, la FAO se mantiene comprometida con apoyar la implementación de estas políticas en los distintos países mediante la entrega de evidencia, buenas prácticas y recomendaciones orientadas a la transformación de los sistemas agroalimentarios contra la obesidad en un marco de cooperación regional.
