La Comisión Calificadora de la Asamblea Nacional conoció la iniciativa popular normativa presentada por la Red de Acción Canábica del Ecuador (Redcan), que busca regular la producción, comercialización y uso del cannabis en el país.
El legislador Milton Aguas, quien presidió la sesión, explicó que, el pasado 3 de septiembre, la Secretaría General de la Asamblea Nacional remitió el proyecto a los legisladores integrantes de la comisión, Milton Aguas, Jhajaira Urresta y Eliana Correa, en cumplimiento de los artículos 103 de la Constitución de la República, 8, 9 y 10 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que establecen el procedimiento para el trámite de las iniciativas populares normativas.
Cristian Albuja, procurador común de Redcan, destacó que la propuesta responde a una necesidad ciudadana y busca libertad, oportunidades económicas, desarrollo y protección ambiental. “Creemos que podemos poner este tema en discusión en beneficio de todo el Ecuador”, afirmó.
Por su parte, Daniela Onofre, vocera de Redcan, presentó los principales lineamientos de la propuesta. Entre ellos resaltan; la regulación de toda la cadena productiva, desde el cultivo hasta la manufactura de productos terminados para consumo humano y animal, su autorización para uso medicinal y adulto, con respaldo de médicos especializados; la implementación de espacios seguros de consumo y programas de reducción de daños y prevención del consumo temprano.
Onofre enfatizó que una economía legal y controlada en torno al cannabis permitirá cortar el financiamiento a organizaciones criminales, generar empleo, diversificar actividades económicas, atraer inversión y aumentar los ingresos fiscales destinados a programas sociales.
Al respecto, la vocera de la organización civil presentó cifras de recaudación económica, entre 2023 y 2024, en países con mercados canábicos regulados. En Canadá dijo, se han recaudado 16 mil millones de dólares, en Uruguay, 22 millones, en Colombia, 26.5 millones y en Colorado, Estados Unidos de Norte América, 2 mil 59 mil millones.
La organización resaltó que donde existe regulación hay datos confiables y control estatal; en la ilegalidad, en cambio, “son las mafias quienes deciden a quién vender, incluso a niñas, niños y adolescentes”.
Por último, Paúl Gutiérrez, delegado de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), informó que el pasado martes, 2 de septiembre, se emitió el informe técnico-jurídico no vinculante a los integrantes de la comisión, con la inclusión de observaciones sobre el cumplimiento de requisitos de la iniciativa legislativa, criterios de unidad de materia, estimaciones de impacto económico y presupuestario para el Estado, entre otras.
El asambleísta Aguas indicó que, de existir inconsistencias, la comisión notificará a los proponentes y otorgará un plazo de 30 días para subsanarlas, con el fin de evitar posibles inconstitucionalidades. Por su parte, la asambleísta Urresta puntualizó que el análisis se centrará únicamente en la forma del proyecto, no en su contenido de fondo, asegurando el respeto al debido proceso legislativo.
