Hace apenas unos años, en el momento más crítico de la pandemia de COVID-19, millones de familias en América Latina y el Caribe no sabían si tendrían suficiente comida para el día siguiente. El cierre de economías, la pérdida masiva de empleos y el aumento abrupto de los precios empujaron la inseguridad alimentaria a niveles que no veíamos desde hacía décadas. Y sin embargo, la región sorprendió al mundo: entre 2020 y 2024, la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o severa cayó de 33,7 % a 25,2 %, la mayor reducción registrada a nivel global. Fue un logro notable, conseguido en un contexto mundial marcado por crisis simultáneas.
Pero detrás de este progreso hay un enemigo silencioso que no aparece en las fotografías de las cosechas ni en las inauguraciones de mercados, pero que erosiona día a día el poder adquisitivo de millones de hogares: la inflación alimentaria. No se trata solo de un aumento pasajero en los precios, sino de una tendencia persistente que amenaza con revertir los avances logrados y profundizar las desigualdades.
Durante 2022 y 2023, los precios de los alimentos subieron de forma sistemática por encima de la inflación general en toda la región. América del Sur registró un pico del 20,8 % en abril de 2022; América Central, del 19,2 % en agosto; y el Caribe, del 15,3 % en diciembre. En enero de 2023, el índice de precios de los alimentos en la región alcanzó un 13,6 % interanual, frente a una inflación general del 8,5 %. Esta brecha golpea con más fuerza a los hogares más pobres, donde una gran parte del ingreso se destina a comer.
El ajuste de los ingresos laborales frente a este incremento ha sido desigual. En México, los salarios siguieron una tendencia similar a los precios de los alimentos, protegiendo en parte el poder adquisitivo. Pero en la mayoría de los países, los ingresos reales se contrajeron, reduciendo la capacidad de las familias para acceder a dietas suficientes y nutritivas. Esto no es solo una cuestión coyuntural: es el reflejo de debilidades estructurales que amplifican el impacto de cualquier shock externo, ya sea económico, climático o geopolítico.
Aunque las políticas expansivas posteriores a la pandemia, la guerra en Ucrania, el encarecimiento de los fertilizantes, la interrupción de rutas comerciales y fenómenos climáticos extremos han creado una “tormenta perfecta” para la seguridad alimentaria, el problema es más profundo. La región arrastra un crecimiento económico bajo, alta dependencia de exportaciones de productos básicos y una limitada diversificación productiva. A esto se suma un preocupante descenso de la inversión pública y privada en agricultura durante las últimas dos décadas, debilitando la productividad y la capacidad de respuesta del sector.
El SOFI 2025 advierte que un aumento del 10 % en los precios de los alimentos puede incrementar la inseguridad alimentaria moderada o grave en un 3,5 %, elevarla en un 4 % en el caso de las mujeres y aumentar en un 5 % la prevalencia de desnutrición aguda en niños menores de cinco años. Es decir, la inflación alimentaria no solo es un problema económico: tiene efectos directos sobre la salud, el bienestar y el futuro de millones de personas.
A esto se suma el alto costo de una dieta saludable. En 2024, más de 2.600 millones de personas en el mundo no pudieron costearla. En América Latina y el Caribe, esta dieta cuesta un 9 % más que el promedio mundial, y en el Caribe, un 23 % más. En términos absolutos, alcanzar una dieta saludable requiere 5,16 dólares PPA diarios, un monto fuera del alcance de 182 millones de personas en la región. Esto implica que incluso en países con baja prevalencia de hambre, el acceso a alimentos nutritivos sigue siendo un lujo para una gran parte de la población.
Frente a este panorama, el SOFI 2025 propone una hoja de ruta para proteger los logros alcanzados y construir resiliencia. Primero, reforzar los sistemas de protección social para amortiguar el impacto de los precios sobre los más vulnerables. Transferencias monetarias, subsidios focalizados y programas de alimentación escolar pueden ser un escudo eficaz si están bien diseñados y llegan a tiempo.
Segundo, transformar y diversificar los sistemas agroalimentarios para reducir la dependencia de un reducido grupo de productos básicos y fortalecer la producción local de alimentos nutritivos. Esto requiere inversiones en infraestructura logística, almacenamiento y transporte para reducir los costos que pagan los consumidores finales.
Tercero, mantener un comercio internacional abierto, predecible y basado en reglas. Las restricciones comerciales agravan la volatilidad y encarecen aún más los alimentos, por lo que deben evitarse, especialmente en contextos de crisis.
Cuarto, fortalecer los sistemas de información y monitoreo de mercados, permitiendo anticipar presiones inflacionarias y activar respuestas rápidas y basadas en evidencia.
Y quinto, impulsar la resiliencia climática y la estabilidad macroeconómica mediante prácticas agrícolas sostenibles, acceso ampliado a seguros agrícolas y una gestión efectiva de riesgos, acompañadas de políticas fiscales y monetarias responsables.
América Latina y el Caribe han demostrado que, con políticas adecuadas y voluntad política, es posible reducir el hambre incluso en un contexto global adverso. Pero la inflación alimentaria nos recuerda que los avances son frágiles y que las vulnerabilidades estructurales pueden erosionarlos con rapidez. La región cuenta con experiencia, capacidades y potencial productivo; lo que hace falta ahora es inversión estratégica, coordinación regional y un compromiso renovado para que el derecho a una alimentación adecuada deje de ser un objetivo pendiente y se convierta en una realidad tangible para todos.
