A partir de 2026, millones de agricultores europeos deberán adaptar la gestión de sus tierras a una nueva normativa comunitaria que exigirá controles periódicos y medidas preventivas frente a la contaminación del suelo. La reforma marca un antes y un después en la protección de un recurso clave para la producción de alimentos, la biodiversidad y la salud pública.
El 29 de septiembre de 2025, el Consejo de la Unión Europea aprobó una directiva que obliga a todos los Estados miembros, entre ellos España, a implantar un sistema común de vigilancia del suelo. Por primera vez, se establecerán protocolos homogéneos para evaluar su calidad, superando la dispersión de criterios que existía hasta ahora entre países.
La norma exigirá elaborar mapas públicos y detallados sobre el estado de los suelos, realizar análisis periódicos de contaminantes —incluidos algunos que no se controlaban de forma sistemática—, identificar zonas de riesgo y activar planes de actuación cuando se detecten procesos de degradación o contaminación.
En países con amplia superficie agrícola y áreas industriales con antecedentes contaminantes, como España, el impacto será mayor. Las administraciones deberán adaptar su legislación en un plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de la directiva y reforzar la coordinación entre niveles de gobierno para cumplir con los nuevos estándares europeos.
Con esta medida, la Unión Europea refuerza su estrategia ambiental basada en la prevención y en decisiones sustentadas en datos científicos, apostando por una mayor transparencia y por la protección a largo plazo de la salud y el territorio.
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