El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), en coordinación con la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional, culminó la campaña nacional “No arranques la piel de los bosques” con la retención de 482,52 kilogramos de musgo, bromelias y briofitas, extraídos y comercializados de forma ilegal en plazas, mercados, ferias y parques de todo el país.
Los operativos de control se desarrollaron de manera simultánea en diversos puntos del territorio nacional, identificados como zonas de comercialización informal. Las acciones fueron ejecutadas de forma articulada entre personal técnico del MAE y la Policía Nacional, e incluyeron la retención de flora silvestre, la verificación de permisos de transporte y el control de la venta no autorizada en espacios públicos.
Tras la evaluación técnica correspondiente, una parte del material incautado podrá ser reintroducida en su hábitat natural. No obstante, más de 300 fundas no podrán ser restituidas, debido a que el musgo fue pintado para simular material plástico, lo que impide su recuperación natural y afecta de manera irreversible su función ecológica.
Estas cifras se suman a las registradas entre 2021 y 2024, período en el cual el Estado ecuatoriano retuvo 1.055,44 kilogramos de musgo, briofitas, líquenes y bromelias destinados al comercio ilegal, lo que evidencia la persistencia de esta práctica y la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad ciudadana en la protección ambiental.
El MAE recuerda que el musgo, las bromelias y las briofitas no son elementos decorativos. Estas especies cumplen funciones esenciales en los ecosistemas, como la regulación del recurso hídrico, la captura de agua de neblina, la protección del suelo frente a la erosión y el refugio de diversas especies de fauna. Su extracción indiscriminada impacta directamente la salud de los bosques, especialmente en zonas altas y ecosistemas frágiles.
Finalmente, la cartera de Estado enfatiza que la extracción, transporte, comercialización y compra de vida silvestre constituye una infracción ambiental, sancionada por la normativa vigente con penas privativas de libertad de uno a tres años y multas que pueden alcanzar hasta los USD 92.000. El MAE ratifica su compromiso de mantener controles permanentes y fortalecer la protección de los ecosistemas y la biodiversidad del país.
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