Presidente Noboa desafía a la CAN pero castiga al sector productivo ecuatoriano

La negativa del presidente Daniel Noboa a acatar de manera inmediata la decisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) representa mucho más que una diferencia jurídica o diplomática: es una muestra preocupante de improvisación, obstinación política y desprecio por las consecuencias económicas que hoy golpean a miles de productores ecuatorianos.

Mientras la CAN ordenó el retiro de los aranceles impuestos a Colombia por considerar que vulneran el Acuerdo de Cartagena y el principio de libre comercio andino, el gobierno ecuatoriano optó por una estrategia de confrontación. En lugar de cumplir con las resoluciones del organismo regional, Noboa decidió presentar recursos y acciones de nulidad que podrían tardar años en resolverse, prolongando innecesariamente un conflicto comercial que ya deja pérdidas millonarias.

Lo más grave es que esta actitud no afecta únicamente las relaciones diplomáticas con Colombia. Los principales perjudicados son los sectores productivos ecuatorianos, entre ellos el arrocero, que depende en gran medida de la estabilidad comercial y de mercados regionales dinámicos. Cada día que se mantienen los aranceles y la incertidumbre, se profundiza el daño económico para agricultores, exportadores, transportistas y pequeños comerciantes que nada tienen que ver con las disputas políticas del Gobierno.

El presidente Noboa insiste en justificar la medida bajo el argumento de una “tasa de seguridad”, responsabilizando a Colombia por una supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. Sin embargo, convertir un problema de seguridad en una guerra comercial no solo resulta contraproducente, sino también irresponsable. La seguridad fronteriza debe resolverse mediante cooperación bilateral, inteligencia y acciones conjuntas, no castigando el comercio y sacrificando la economía de los productores nacionales.

La CAN fue creada precisamente para evitar este tipo de conflictos y garantizar reglas claras entre los países miembros. Ignorar sus resoluciones o dilatar su cumplimiento envía un mensaje negativo sobre el respeto de Ecuador a los compromisos internacionales que libremente asumió. Más aún cuando empresarios y gremios de ambos países ya advertían sobre el impacto devastador de la disputa arancelaria, que provocó una caída del 70% en el comercio bilateral y pérdidas superiores a los 340 millones de dólares.

La actitud del Gobierno evidencia un peligroso capricho político: sostener una medida insostenible aun cuando los organismos regionales la consideran ilegal y aun cuando el costo lo pagan los ciudadanos y los sectores productivos. Noboa parece más interesado en proyectar una imagen de dureza política que en proteger el empleo, la producción y la estabilidad económica del país.

Ecuador necesita un gobierno que actúe con responsabilidad, diálogo y visión estratégica, no con decisiones impulsivas que terminan aislando al país y debilitando su economía. Persistir en este enfrentamiento comercial solo profundiza las pérdidas y castiga a quienes todos los días trabajan para sostener la producción nacional.

AGROECUADOR TV