El Gobierno de Colombia suspendió por 30 días hábiles el ingreso terrestre de arroz ecuatoriano, aunque mantuvo habilitadas las vías marítima y aérea, una medida considerada más flexible frente a los aranceles del 30 % que ese país impuso a 73 productos ecuatorianos. La decisión, sin embargo, evidencia la dependencia del mercado colombiano del grano nacional.
El decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, difundido establece que la restricción es temporal y se aplica exclusivamente a los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís, principales puntos de exportación terrestre del arroz ecuatoriano.

Durante el período de veto, el grano podrá seguir ingresando por puertos y aeropuertos colombianos, aunque con mayores costos logísticos, lo que afectará directamente a las cerca de 65.000 toneladas que Ecuador exporta formalmente cada año a ese mercado.
Según el documento oficial, Colombia redujo su área sembrada de arroz de 452.872 hectáreas en 2024 a 417.566 hectáreas en el primer semestre de 2025. Pese a esta caída en la producción, el precio del arroz paddy verde descendió 17,1 %, al pasar de $1.690.863 por tonelada en 2024 a $1.402.300 en 2025, de acuerdo con cifras de la Federación de Arroceros de Colombia. Para José Luis García, coordinador del Comité de Defensa del Agricultor, Colombia enfrenta un déficit anual de 250.000 toneladas de arroz, equivalente a un mes de consumo nacional. “Es un volumen que no pueden abastecer internamente”, advirtió.
García señaló que el conflicto va más allá de las denuncias de contrabando planteadas por Fedearroz y apuntó a la informalidad del comercio arrocero ecuatoriano. Según explicó, el producto se comercializa con marcas genéricas, sin identificación de la piladora, tipo de grano ni trazabilidad, lo que facilita manejos irregulares en efectivo.

Entre las prácticas denunciadas constan cobros por 230 libras cuando se entregan 200 y pagos por debajo de los precios oficiales: $34 por quintal de grano corto y $36 por grano largo. A esta situación se suma el incumplimiento del Estado ecuatoriano, que ofreció $10 millones para compras a precio oficial, pero solo desembolsó $5 millones, mientras que las industrias beneficiarias tampoco estarían respetando los valores establecidos.
La crisis se profundiza ante la inminente expiración del memorándum de entendimiento, suscrito durante el gobierno de Lenín Moreno, que permite la exportación de hasta 106.000 toneladas anuales de arroz ecuatoriano a Colombia. Esta medida se enmarca en la escalada comercial bilateral, iniciada luego de que Ecuador anunciara una “tasa de seguridad” del 30 % a importaciones colombianas por una supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. En respuesta, Colombia aplicó aranceles recíprocos a productos ecuatorianos por más de $250 millones.
Los cantones arroceros de Guayas —Daule, Salitre, Samborondón, Santa Lucía, Palestina y Yaguachi—, cuya economía depende casi exclusivamente de este monocultivo, advierten un posible colapso económico si se prolongan las restricciones. Ante esta situación, los productores anunciaron protestas en Guayas y Los Ríos, exigiendo al Gobierno una solución urgente que evite la pérdida del principal mercado externo del arroz. (Con información de Diario Expreso)












