Emergencia rural en Ecuador: una decisión impostergable frente a la sequía

El Ecuador atraviesa un momento crítico para su sector agropecuario. La combinación de fenómenos climáticos extremos sequías prolongadas en varias regiones y alteraciones en los patrones de lluvia está generando un impacto directo sobre la producción agrícola, la economía rural y la seguridad alimentaria del país. En este contexto, declarar en emergencia al sector rural no es una opción política, sino una necesidad técnica y estratégica.

Por Mauro Erazo Vélez, Presidente del Foro Agropecuario Ecuatoriano

La sequía ya está mostrando efectos concretos. En varias provincias, la falta de lluvias ha reducido significativamente los caudales de ríos y fuentes de agua, afectando el riego y el abastecimiento agrícola. Este déficit hídrico impacta directamente en cultivos esenciales como arroz, maíz, cacao y hortalizas, cuya producción depende de condiciones climáticas relativamente estables. Históricamente, eventos similares han provocado pérdidas de miles de hectáreas, incremento de costos productivos y disminución de rendimientos.

A esto se suma un elemento estructural: el cambio climático está intensificando la frecuencia y duración de las sequías, incrementando su severidad y sus efectos económicos y sociales. En el caso ecuatoriano, los pronósticos para 2026 ya advertían un comportamiento climático irregular, con periodos de escasez de lluvias que obligan a replantear los calendarios agrícolas. Este escenario coloca al pequeño y mediano productor en una situación de alta vulnerabilidad.

Las consecuencias no son únicamente productivas. La sequía genera un efecto dominó: encarece los alimentos, reduce la oferta en los mercados, afecta el ingreso de las familias campesinas y pone en riesgo la seguridad alimentaria nacional. Por ejemplo, la caída en la producción de cultivos básicos puede derivar en escasez y presión inflacionaria, impactando directamente al consumidor urbano. En paralelo, miles de agricultores enfrentan el riesgo de quiebra, lo que podría desencadenar procesos de migración interna y abandono del campo.

Frente a esta realidad, el Foro Agropecuario Ecuatoriano, liderado por su presidente, el Ing. Mauro Erazo Vélez, ha venido solicitando de manera firme y sostenida al Gobierno Nacional la declaratoria de emergencia para el sector rural. Esta petición no responde a intereses coyunturales, sino a la necesidad de activar mecanismos extraordinarios de respuesta: acceso inmediato a financiamiento, reestructuración de deudas, subsidios para sistemas de riego, entrega de insumos y asistencia técnica.

Declarar la emergencia permitiría además agilizar la acción institucional, reducir la burocracia y focalizar recursos en las zonas más afectadas. Sin esta medida, la respuesta estatal corre el riesgo de ser tardía e insuficiente, profundizando la crisis productiva.

El país ya ha visto cómo eventos climáticos extremos como inundaciones recientes han dejado miles de hectáreas afectadas y pérdidas millonarias . La sequía representa el otro extremo de ese mismo problema: un enemigo silencioso que avanza lentamente, pero con consecuencias igual o más devastadoras.

En conclusión, declarar en emergencia el sector rural es una decisión urgente para proteger la producción, sostener la economía agrícola y garantizar el abastecimiento de alimentos. Ignorar esta realidad significaría comprometer no solo al agro, sino a toda la estabilidad económica y social del Ecuador. El llamado del Foro Agropecuario Ecuatoriano debe ser atendido con responsabilidad y visión de Estado.

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