La decisión de la CAN debe marcar el fin de la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia

La reciente resolución de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que otorga un plazo de 10 días a Ecuador y Colombia para poner fin al conflicto arancelario bilateral, constituye un llamado firme al respeto de los acuerdos de integración regional y a la defensa del comercio andino.

La CAN ha sido clara al señalar que los aranceles recíprocos aplicados por ambos gobiernos contradicen los principios fundamentales del comercio subregional y

Por Rolando Ortega Director AGROECUADOR TV

vulneran los compromisos adquiridos dentro del organismo comunitario. En consecuencia, tanto Quito como Bogotá están en la obligación de acatar esta resolución y encaminar sus diferencias por la vía del diálogo y la cooperación institucional

La integración andina no puede quedar subordinada a tensiones políticas o ideológicas coyunturales. Por el contrario, debe prevalecer el interés común de miles de productores, exportadores, transportistas y comerciantes que dependen del intercambio binacional para sostener sus actividades económicas y generar empleo.

Los sectores agrícolas, industriales y comerciales de Ecuador y Colombia han sido directamente afectados por esta guerra arancelaria, que elevó costos, redujo competitividad y generó incertidumbre en los mercados. Por ello, la intervención de la CAN representa una oportunidad para restablecer la estabilidad comercial y fortalecer la confianza entre ambos países.

Asimismo, resulta acertado que la CAN haya exhortado a los dos gobiernos a reforzar la cooperación fronteriza en materia de seguridad, sin afectar el flujo normal del comercio regional. La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico debe desarrollarse mediante acciones conjuntas y coordinadas, evitando medidas unilaterales que terminan perjudicando a los sectores productivos.

La reducción anunciada por Ecuador de los aranceles al 75 % y la disposición de Colombia para retomar el diálogo son señales positivas que deben traducirse en acuerdos concretos e inmediatos. El plazo fijado por la Comunidad Andina debe asumirse con responsabilidad política y visión regional.

Hoy más que nunca, Ecuador y Colombia necesitan fortalecer sus relaciones económicas y comerciales, no debilitarlas. El cumplimiento de la resolución de la CAN no solo representa una obligación jurídica y comunitaria, sino también una decisión necesaria para proteger el empleo, la inversión y el desarrollo de ambos pueblos andinos.