Contraloría detectó 62 casos con posibles delitos en auditorías a empresas de agua potable

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional recibió un informe de la Contraloría General del Estado sobre las acciones de control ejecutadas en la gestión del agua por parte de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

La subcontralora de Auditoría, Gabriela Sulca, informó que entre 2016 y lo que va de 2026 la institución emitió 610 informes de auditoría a empresas municipales de agua potable. De ellos, 62 contienen indicios de responsabilidad penal.

Explicó que las auditorías evaluaron la operación e infraestructura de los sistemas de agua, así como los procesos de contratación, adjudicación de obras y el desempeño administrativo de las empresas, incluida la gestión del talento humano.

En relación con la planta de tratamiento de agua La Estancilla, que abastece a los cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua, en Manabí, señaló que se elaboraron cuatro informes de auditoría enfocados en la gestión comercial y financiera, el control de activos y la recuperación de recursos.

Sulca también informó que la Contraloría realizó 155 auditorías vinculadas a la aplicación de la Ley de Solidaridad para la reconstrucción tras el terremoto del 16 de abril de 2016 en Manabí. De estos informes, 13 presentan indicios de responsabilidad penal.

La funcionaria destacó que estas acciones buscan garantizar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a los servicios de agua y saneamiento en los GAD.

Finalmente, recordó que la Contraloría cuenta con canales presenciales y virtuales para recibir denuncias ciudadanas. Explicó que estas deben incluir el reconocimiento de la firma y rúbrica del denunciante para que la institución pueda iniciar las acciones de control correspondientes.