Gobierno de Perú destina S/120 millones para comprar arroz y entregarlo a familias pobres

El Gobierno de Perú aprobó un decreto de urgencia que destina S/120 millones (aproximadamente US$ 32 millones) para la adquisición de arroz producido por agricultores nacionales, con el objetivo de distribuirlo gratuitamente entre los hogares de menores recursos económicos del país. La medida busca atender la crisis que enfrenta el sector arrocero y responder a las demandas planteadas durante las recientes protestas agrarias.

Del monto total aprobado, S/100 millones de soles serán destinados exclusivamente a la compra de arroz a productores locales, mientras que los S/20 millones de soles restantes financiarán los costos de transporte, almacenamiento y distribución del producto a las familias beneficiarias.

La selección de los hogares y distritos que recibirán esta ayuda se realizará con base en el mapa de pobreza elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), priorizando las zonas con mayores índices de vulnerabilidad. El listado definitivo de beneficiarios deberá ser aprobado en un plazo máximo de 10 días hábiles.

La medida forma parte de un paquete más amplio de apoyo al agro peruano. El Ejecutivo también aprobó una asignación adicional de S/50 millones para trabajos de limpieza, descolmatación y mantenimiento de canales de riego, que serán ejecutados por comunidades organizadas bajo la modalidad de núcleos ejecutores. Con ello, la inversión total destinada al sector agrario asciende a S/170 millones de soles peruanos.

No obstante, los gremios arroceros consideran que el apoyo aún resulta insuficiente frente a la magnitud de la crisis. Wilder Vásquez Huanca, dirigente de la Confederación Nacional de Productores Arroceros (Conarroz), señaló que el sector requiere la compra de aproximadamente 180 mil toneladas de arroz, lo que representaría una inversión cercana a los S/300 millones.

«Lo que hemos pedido es que el producto sea distribuido en las zonas de extrema pobreza, beneficiando tanto a los productores como a las familias más necesitadas del país», manifestó el dirigente.

Para garantizar la transparencia del proceso, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) deberá publicar informes trimestrales sobre la ejecución de los recursos, mientras que la Contraloría General de la República realizará un control concurrente de las acciones hasta el 31 de diciembre de 2026.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca aliviar la situación económica de miles de productores afectados por la caída de precios y el exceso de oferta, al tiempo que fortalece la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables del país.

AGROECUADOR TV