El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Ambiente y Energía (MAE), reforzó las acciones de control y vigilancia para combatir el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, así como la movilización irregular de productos forestales, mediante operativos ejecutados en carreteras, aeropuertos y puntos estratégicos del país.
Entre enero y mayo de este año, el MAE inspeccionó 11.438 vehículos en coordinación con la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el ECU 9-1-1 y otras entidades del Estado. De forma paralela, el Sistema Nacional de Control Forestal verificó 30.414 vehículos dedicados al transporte de madera en puestos fijos y unidades móviles desplegadas en varias provincias.
Las inspecciones permitieron comprobar la legalidad de más de 816.000 metros cúbicos de madera movilizada a nivel nacional y retener 5.299 metros cúbicos por incumplimientos a la normativa ambiental vigente.
Los operativos también permitieron detectar y frenar casos de tráfico ilegal de especies silvestres. El Programa para la Gestión de Control al Patrimonio Forestal Nacional y Uso de la Vida Silvestre reportó 47 procesos de retención con 83 especímenes decomisados, mientras que las Direcciones Zonales del MAE registraron cinco casos adicionales. Asimismo, se retuvieron 25 ejemplares de orquídeas y 11,5 kilogramos de palma de cera.
Las provincias con mayor incidencia de retenciones fueron Pichincha, Imbabura, Napo, Orellana, Sucumbíos, Pastaza y Guayas. Entre las especies más afectadas por las redes de tráfico ilegal se encuentran la charapa pequeña, el loro cabeciazul, la amazona alinaranja, las tortugas tapa-rabo de la costa y diversas especies de orquídeas.
Uno de los operativos más relevantes se realizó el 19 de mayo en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, donde autoridades policiales y personal del MAE evitaron el envío ilegal al extranjero de 12 iguanas marinas de Galápagos.
Como parte de la estrategia de prevención, el Ministerio impulsa cada año la campaña nacional “Alto al Tráfico de Vida Silvestre, Protejamos la Biodiversidad”, orientada a sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias ambientales y legales de este delito.
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