El Ministerio del Ambiente y Energía, a través de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), repatrió a 10 iguanas marinas (Amblyrhynchus cristatus) rescatadas en Guayaquil, como parte de las acciones técnicas, veterinarias y judiciales emprendidas tras un presunto caso de tráfico ilegal de fauna silvestre detectado el pasado 19 de mayo.
En el proceso judicial abierto contra tres ciudadanos de nacionalidad tailandesa, la DPNG compareció ante la Fiscalía General del Estado y solicitó de manera urgente la autorización para trasladar los ejemplares a Galápagos.
La petición fue aceptada por la autoridad competente, que además dispuso el desplazamiento de un equipo investigador al archipiélago para realizar pericias especializadas. De las 12 iguanas marinas rescatadas inicialmente, dos fallecieron: una en el aeropuerto y otra días después. Los resultados de la necropsia permitirán determinar las causas de muerte, que preliminarmente estarían relacionadas con las condiciones en que los animales fueron transportados y hallados durante la incautación.
Las 10 iguanas sobrevivientes recibieron atención veterinaria especializada y permanecieron bajo monitoreo permanente. Los equipos técnicos realizaron controles clínicos, evaluaciones morfométricas, toma de muestras biológicas, control de temperatura y manejo alimenticio adecuado, con el fin de descartar riesgos sanitarios para las poblaciones silvestres de Galápagos.
Paralelamente, la Universidad San Francisco de Quito analizará muestras genéticas para determinar la isla de origen de cada ejemplar, información clave para planificar su futura liberación en las poblaciones de donde fueron extraídos. Una vez en Galápagos, las iguanas ingresaron a un sistema de cuarentena en un área controlada de la DPNG, donde permanecerán entre 15 y 20 días bajo observación especializada hasta contar con los resultados definitivos de laboratorio y evaluar técnicamente su retorno al hábitat natural.
“La repatriación de estas iguanas marinas es el resultado de un trabajo articulado entre autoridades ambientales, judiciales, equipos veterinarios, científicos y organismos de control”, destacó Alicia Jaramillo, viceministra de Ambiente y Marino Costero.
El Ministerio del Ambiente y Energía recordó que el tráfico ilegal de vida silvestre constituye una grave amenaza para la biodiversidad del país y está sancionado por el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El Gobierno Nacional reiteró su compromiso con la protección del patrimonio natural del Ecuador y el fortalecimiento de las acciones de control y conservación.
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