Guaicha destacó que la propuesta tiene importancia estratégica para el país por su impacto en la producción, generación de empleo, seguridad alimentaria, protección ambiental y garantía de los derechos de la naturaleza. Además, recomendó revisar que la clasificación de los sectores pesqueros artesanal, industrial y de subsistencia se mantenga de forma coherente en toda la normativa.

También sugirió analizar las disposiciones relacionadas con el manejo pesquero en zonas de régimen especial, como Galápagos, con el fin de preservar sus condiciones particulares de protección y conservación.

Por su parte, Álvaro Vega señaló que los incentivos planteados para los sectores acuícola y pesquero requieren un análisis financiero previo. Indicó que es necesario identificar las fuentes de financiamiento y evaluar su impacto en el gasto público, considerando que ciertas medidas podrían requerir iniciativa del Ejecutivo.