Ricardo Izurieta, presidente encargado de la AGSO, destacó que el abigeato ya no puede ser visto como un delito aislado, debido a la participación de estructuras organizadas. “Afecta directamente a la soberanía alimentaria y a la producción nacional. Exigimos que se modifique el COIP para endurecer las penas y eliminar las medidas sustitutivas”, manifestó.

El borrador del Plan Nacional de Seguridad Rural contempla ocho ejes de acción: reformas legales; prevención; trazabilidad ganadera; controles a la comercialización y movilización de ganado; revisión de la normativa sobre porte de armas en el sector rural; coordinación permanente entre instituciones; fortalecimiento de la capacidad operativa de la Policía Nacional; y cooperación internacional.

También se propone mejorar la inteligencia e investigación policial, reforzar los controles en zonas ganaderas y vías de movilización, fortalecer los mecanismos digitales de denuncia y establecer protocolos de respuesta rápida entre productores, Policía y Fiscalía.

El coronel Dorian Balladares, director nacional de Investigación de Policía Judicial, señaló que el robo de ganado ha evolucionado hacia una modalidad de delincuencia organizada, con estructuras que recopilan información, identifican vulnerabilidades y planifican los robos. Por ello, consideró necesario fortalecer la respuesta conjunta del Estado.

Para los participantes el abigeato a más de pérdidas económicas, afecta la producción de leche y carne, la seguridad alimentaria y la permanencia de las familias en el campo.

Se acordó mantener reuniones técnicas cada 15 días para avanzar en la construcción del Plan Nacional de Seguridad Rural. Además, la Policía Judicial anunció que fortalecerá la capacitación de su personal para mejorar la investigación y el combate al abigeato en todo el país.

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