La propuesta plantea que el ente rector de inclusión y desarrollo humano se encargue del seguimiento y supervisión de las donaciones. También busca fortalecer la coordinación entre el Estado, empresas y organizaciones sociales, mejorar la trazabilidad y transparencia del proceso y garantizar que los alimentos lleguen de manera gratuita y oportuna a quienes más los necesitan, sin generar gasto adicional para el Estado.

Durante la sesión, Santiago Ponce Riera, coordinador general de Asesoría Jurídica y encargado del Ministerio de Desarrollo Humano, respaldó la iniciativa y planteó incorporar mecanismos claros de control, supervisión y trazabilidad, además de delimitar las responsabilidades de cada actor.