La protección de las fuentes de agua y el control de la contaminación por metales pesados deberían tener un papel central en la nueva normativa para el sector acuícola. Así lo planteó el catedrático y especialista en acuicultura Diego Maldonado, durante su comparecencia ante la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional.
Maldonado consideró que el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para una Caracterización Acuícola Pesquera representa un avance, pero advirtió que su enfoque está principalmente dirigido a la actividad marina y pesquera. Por ello, pidió incorporar medidas que respondan a la realidad de la Sierra y la Amazonía.
Uno de los principales puntos de preocupación es la contaminación de las fuentes hídricas. El académico señaló que los productores no pueden asumir solos los efectos de problemas ambientales que se originan en otras actividades, por lo que propuso una coordinación obligatoria entre las autoridades de los sectores agrícola, ambiental, hídrico y minero.
Entre sus propuestas está incluir en la ley conceptos como acuicultura amazónica, inocuidad acuícola y zonas de protección hídrica. También planteó una clasificación territorial que permita aplicar medidas distintas para la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos, de acuerdo con las características de cada región.
Maldonado además propuso crear un sistema permanente de monitoreo de la calidad del agua y de metales pesados, como mercurio, cobre y cadmio. Los resultados, según su planteamiento, deberían ser públicos y permitir activar alertas sanitarias cuando exista algún riesgo para la producción o el consumo.
A esto se sumarían incentivos para que los productores adopten tecnologías más sostenibles, protocolos de vigilancia ambiental y planes para evitar que la frontera agrícola avance sobre los páramos y otras zonas que son claves para la generación y conservación del agua.
El objetivo, explicó el especialista, es que la nueva ley no solo ayude a impulsar la acuicultura, sino que también contribuya a proteger los ecosistemas, cuidar la salud de los consumidores y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país.
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