Guevara explicó que el desperdicio de alimentos constituye un problema mundial. Cada año se pierden alrededor de 1.300 millones de toneladas de productos, mientras millones de personas enfrentan dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

En Ecuador, advirtió, esta realidad también genera impactos sociales, económicos y ambientales. Por ello, destacó el trabajo de los Bancos de Alimentos, organizaciones que buscan recuperar productos que todavía pueden ser aprovechados y destinarlos a familias en situación de vulnerabilidad.

Entre sus propuestas, Guevara planteó precisar en la normativa las definiciones de pérdida y desperdicio de alimentos, tomando como referencia estándares internacionales. También pidió revisar las disposiciones relacionadas con los productos cuya fecha de caducidad ha sido superada, al considerar que, una vez cumplido ese plazo, ya no son aptos para el consumo humano.

Por su parte, Diana Salas propuso actualizar la normativa para facilitar la recuperación de alimentos que no han sido consumidos y que, bajo procesos técnicos adecuados, pueden ser destinados a personas que los necesitan. Señaló que esta labor ya beneficia en Imbabura a diversos grupos en situación de vulnerabilidad.

Las representantes también abordaron el papel de la autoridad encargada de regular y controlar a estas organizaciones, particularmente en materia de trazabilidad e inocuidad de los productos recuperados.

La presidenta de la Comisión, Janina Rizzo, agradeció los aportes y señaló que las observaciones serán consideradas en las mesas técnicas que trabajan en la reforma de la normativa.

El debate abre así una discusión clave: cómo evitar que alimentos que todavía pueden ser aprovechados terminen como desperdicio y, al mismo tiempo, garantizar que lleguen de manera segura a quienes más los necesitan.

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