Según el decreto, las entidades financieras podrán aplazar el pago de las cuotas por un período máximo de 90 días. Los valores pendientes podrán trasladarse al final de la tabla de amortización del crédito, es decir, al último tramo del calendario de pagos.

El beneficio no será automático. Los clientes interesados deberán solicitar el diferimiento a su entidad financiera y esperar su aprobación. También los bancos y cooperativas podrán proponer esta alternativa directamente a sus clientes, pero necesitarán contar con su aceptación expresa.

Para poner en marcha esta disposición, la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria deberá emitir la normativa correspondiente en un plazo máximo de 15 días, contado desde la publicación del decreto en el Registro Oficial.