Entre los cambios incorporados constan observaciones relacionadas con la protección de ecosistemas sensibles y zonas de anidación, la definición de competencias institucionales, el fortalecimiento del régimen especial de Galápagos y ajustes de técnica legislativa y seguridad jurídica.

Uno de los ejes centrales de la normativa es la creación del Consejo Interinstitucional del Mar, que coordinará la planificación estratégica y las políticas públicas para la gobernanza oceánica y marino-costera del Ecuador. Estará integrado por entidades vinculadas al ambiente, defensa, pesca, turismo, relaciones exteriores, investigación científica y gestión de riesgos.