El sector bananero pidió que la futura Ley Antimafias fortalezca la lucha contra el crimen organizado sin perjudicar la competitividad de las exportaciones ni a los actores legales de la cadena productiva. Así lo planteó José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional.
Hidalgo respaldó el proyecto de ley y presentó cinco propuestas para reforzar la investigación de las organizaciones delictivas y proteger al sector exportador. Entre ellas destacó la implementación de la trazabilidad y la corresponsabilidad en toda la cadena logística, el respeto al debido proceso para los trabajadores, la aplicación de medidas cautelares dirigidas a los cabecillas de las redes criminales, la agilización de la inspección y liberación de carga, y el fortalecimiento de los controles en los puertos.
El representante del sector bananero enfatizó que las investigaciones deben enfocarse en quienes lideran las estructuras delictivas y no en los primeros eslabones de la cadena exportadora, con el fin de evitar afectaciones a las empresas que cumplen con la ley y sostienen uno de los principales rubros de exportación del país.
Durante la sesión, desarrollada en la Universidad Ecotec de Guayaquil, la comisión también recibió los aportes de la Policía Nacional y la Procuraduría General del Estado.
El coronel Roberto Santamaría, director de la Academia de Estudios Estratégicos de la Policía, sostuvo que la reforma permitirá fortalecer las capacidades del Estado para prevenir, investigar y enfrentar al crimen organizado. Además, propuso reforzar las herramientas legales para combatir las economías ilícitas, actualizar el delito de terrorismo, fortalecer la lucha contra el robo de hidrocarburos, designar jueces especializados y ampliar la cooperación internacional.
Por su parte, el director de Patrocinio de la Procuraduría General del Estado, Abelardo Albornoz, respaldó el proyecto y planteó que los bienes incautados mediante procesos de extinción de dominio sean entregados únicamente a organizaciones sin fines de lucro con fines sociales, mientras se resuelven los procesos judiciales.
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