Salazar recordó que su propuesta original buscaba que las instituciones del Estado, dentro de sus competencias, puedan llegar de manera efectiva a las mujeres rurales y contribuir a reducir las brechas que han limitado históricamente el ejercicio de sus derechos.

Según la legisladora, el texto elaborado por la Comisión presenta observaciones relacionadas con la institucionalidad y las competencias de las entidades públicas y podría generar un incremento del gasto estatal. Aclaró que su posición responde a un análisis técnico y jurídico de la propuesta.

Entre las observaciones planteadas mencionó 29 alertas identificadas en 43 aspectos revisados, principalmente en temas relacionados con gasto público, competencias institucionales, duplicidad de funciones, seguridad jurídica y nuevas obligaciones para el Estado.

Tras la votación, Salazar anunció que presentará un nuevo proyecto de ley dirigido a las mujeres rurales, con el objetivo de retomar el espíritu de su propuesta inicial y plantear alternativas que permitan garantizar de manera efectiva sus derechos.

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